EL CONSUMIDOR COMO FOCO DEL DEBATE ECONÓMICO

La justificación última de la economía de mercado es que se trata del más eficaz método conocido para aumentar la calidad y la cantidad, y reducir el precio de los bienes y servicios ofrecidos a la venta para el consumo general. La consideración de este factor admite una valoración desde el doble enfoque que usualmente se emplea para analizar el desenvolvimiento de los procesos de mercado. En efecto, el análisis de la economía de mercado desde la perspectiva que su vigencia tiene sobre la oferta de bienes y servicios lleva a una consideración favorable tanto desde un punto de vista utilitario como desde un criterio de evaluación moral.

En términos utilitarios, la economía de mercado, al aumentar la cantidad y la calidad y reducir el precio de las mercaderías disponibles para la compra, permite que los consumidores tengan más y mejores alternativas entre las cuales optar a los efectos de proveerse de los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, deseos y expectativas. En el plano moral, esa mayor disponibilidad de bienes y servicios deriva en un aumento efectivo del margen de libertad del que los individuos disponemos para desenvolvernos cotidianamente.

Por lo general, los análisis referidos al desenvolvimiento del sistema de libre mercado no enfatizan debidamente en los efectos que la vigencia de este sistema tiene sobre las opciones de los consumidores. Parecería como si, en los ámbitos académicos, este aspecto de la cuestión fuera tenido en menos y, por lo tanto, soslayado y dejado de lado, en beneficio del tratamiento de temáticas referidas a la mecánica interna del sistema de libre mercado. Y es bastante probable que esta focalización “hacia adentro” de la economía de mercado tenga consecuencias importantes, que representan un perjuicio para la posibilidad de obtener adhesión social hacia la economía libre.

En efecto, al enfatizarse los estudios académicos hacia los aspectos vinculados con la operatoria intrínseca del sistema de libre mercado, se omite, naturalmente, considerar con la debida atención las implicancias sociales que la aplicación de la economía libre produce. Por lo tanto, la posibilidad de despertar el interés por la economía de mercado de sectores más amplios que los habituales queda muy limitada. Porque si nos desplazamos hacia los sectores sociales no académicos o que, aún dentro de la actividad académica, tengan sus inquietudes intelectuales orientadas hacia otros campos, resulta difícil atraerlos hacia el estudio de la economía de mercado, a menos que el sistema de economía libre demuestre contener argumentos que trasciendan su propia dinámica interna y, en cambio, se proyecten hacia el interés social en su conjunto.

Y la razón por la cual la economía de mercado resulta socialmente valorable es, precisamente, su aptitud para aumentar la cantidad y la calidad y reducir los precios de los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores. Pero este es un efecto de la vigencia de la economía de mercado acerca del cual los autores liberales no suelen enfatizar –lo que no significa que lo nieguen; por el contrario, lo reconocen pero no le dan prioridad- y, por lo tanto, queda oculto o poco visible a pesar de que es, justamente, el principal argumento en favor de la aplicación de un sistema de economía libre.

Recíprocamente, los fundamentos de las posiciones críticas hacia las economías dirigidas radican, precisamente, en que la aplicación de este tipo de sistemas deriva en una reducción de la variedad de bienes y servicios sometidos a la consideración de los consumidores.

Como consecuencia de estos análisis que omiten hacer foco en los resultados finales de los diferentes sistemas económicos, quienes reivindicamos la vigencia de la economía de mercado solemos no aprovechar, en nuestros debates con quienes promueven las economías dirigidas, el punto en el cual la superioridad de la economía libre queda indudable y ostensiblemente de manifiesto.

Es un hecho incuestionablemente evidente que, si se demuestra que la economía de mercado es el método más eficaz conocido para mejorar la calidad y la cantidad y para reducir el precio de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, los argumentos de quienes quieran desaprobar la vigencia del sistema de libre mercado se encontrarán muy debilitados. ¿Cómo podría alguien defender un ordenamiento económico que deriva en la disponibilidad de menos productos, de menor calidad y más caros?

Pero, llamativamente, los autores que reivindican la economía de mercado no enfatizan suficientemente en esa contradicción, no porque no la conozcan sino porque no le dan la debida importancia. Y este criterio de argumentación facilita mucho la tarea de quienes son adversarios de la vigencia de la economía de mercado. Es evidente que si los partidarios del sistema de libre mercado no aprovechamos nuestro argumento conceptual más contundente, le simplificamos la tarea a nuestros adversarios.

La remisión de los análisis de las medidas de política económica hasta los efectos que estas producen sobre la cantidad, la calidad y los precios de las opciones presentadas a los consumidores irremediablemente situarían a los partidarios de la economía dirigida en una posición sumamente incómoda y, en última instancia, insostenible. En la medida en que la defensa de la economía de mercado sea realizada de manera sistemática haciendo foco en los efectos sobre la cantidad, la calidad y los precios ofrecidos a los consumidores, las posibilidades de los sostenedores del intervencionismo de defender sus posturas quedarían inevitablemente restringidas.

LA SUPERIORIDAD COMPARATIVA DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

La superioridad de la economía de mercado respecto de la economía planificada en relación a la provisión de bienes y servicios a los consumidores no es un hecho casual, inexplicable ni ilógico, sino que es una consecuencia que se deriva de la propia dinámica del sistema. Al no preestablecer la orientación de la inversión y dejarla librada a la especulación empresarial referida a las perspectivas de ganancia, los rumbos de la producción se dirigen hacia aquellas actividades que, en razón de las señales entregadas por la demanda (es decir, los consumidores) son las más rentables. Esto significa, esencialmente, que, en el marco de un sistema de libre mercado son los consumidores (la demanda) y no los productores (la oferta) quienes determinan los lineamientos de la inversión de capital. Esa es la razón por la cual, en el marco de un sistema de libre mercado, la coordinación entre oferta y demanda se produce de manera espontánea, fluida, no forzada y el aprovechamiento del capital disponible tiende a optimizarse. Pero ¿a qué denominamos optimización del aprovechamiento del capital?

Precisamente, al hecho de que, dada una cuantía determinada de capital, el empleo de esos recursos derive en una mayor cuota de bienes y servicios de mejor calidad y más baratos, puestos a disposición de los consumidores. Resulta bastante evidente que si, dada una misma disponibilidad de capital, un sistema económico provoca que los bienes y servicios ofrecidos a la venta sean más, de mejor calidad y más baratos que los bienes y servicios producidos por otro ordenamiento económico, el primer sistema es mejor que el segundo. La economía de mercado es superior a la economía dirigida por los resultados prácticos que produce, no desde el punto de vista de los indicadores ortodoxos de la economía, sino desde la perspectiva de los “ciudadanos de a pie”, es decir, los consumidores.

No es posible discutir que, para la gente, es preferible que los autos, la indumentaria, las computadoras, el esparcimiento, los alimentos, etc. sean más, mejores y más baratos.

Pero los representantes de la economía de mercado no suelen hacer alusión a este hecho en sus debates con los sostenedores de la economía planificada. Esta omisión implica no hacer uso del más importante y contundente argumento que cabe esgrimir en defensa del sistema de libre mercado.

EL EJE DE LA ARGUMENTACIÓN

La satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores es la piedra angular del sistema económico de mercado y, por lo tanto, es la variable a la cual corresponde subordinar todas las demás circunstancias. En el marco de un sistema de libre mercado, los procesos de inversión, riesgo empresarial, régimen monetario, mecanismos institucionales, lineamientos de la acción estatal, etc. están, en todos los casos, condicionados por los efectos que produzcan en orden a la oferta de bienes y servicios a los consumidores.

Esta unilateralidad, que aparenta ser una simplificación, no es arbitraria sino que apunta a dar un sentido coherente y moralmente válido a la estructuración del sistema económico. La elección de la satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores como guía para edificar el ordenamiento económico ofrece, además, la posibilidad de establecer un parámetro objetivo para evaluar la calidad de las prestaciones que la economía produce. Eso significa, en definitiva, que la calificación del sistema económico queda determinada por los resultados, un factor en el cual la economía de mercado ofrece rendimientos altamente superiores a cualquier método basado en la planificación.

Pero no se trata de elegir una variable al azar para medir la eficacia de un ordenamiento económico sino de establecer como parámetro aquel en el cual queda reflejado formalmente el nivel de bienestar popular que la economía está en condiciones de producir. Porque el sistema económico no es un fin en sí mismo sino que es un ordenamiento puesto al servicio del bienestar del pueblo. El punto en el cual la superioridad de la economía de mercado por sobre cualquier forma de economía dirigida queda demostrado, es en que conduce al incremento en la calidad, la cantidad y a la reducción de los precios de los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores.

Esta superioridad no es casual, azarosa ni imprevista. Es, por el contrario, una consecuencia lógica de la dinámica intrínseca del sistema. El fundamento en el que el sistema se basa es que los empresarios, empujados por el afán de lucro en el contexto de un mercado competitivo, procuran acomodar la oferta a las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores. Eso los lleva, de manera automática, a buscar constantemente la oferta de nuevos, mejores y más baratos productos que puedan someter a la consideración de sus posibles clientes. Esa mayor, mejor y más barata variedad es lo que pone de manifiesto la superior calidad del sistema económico, de la que derivan los beneficios que los ciudadanos obtienen como consecuencia del siempre renovado esfuerzo de los empresarios por ser elegidos por los consumidores.

Es relevante señalar que un factor determinante para que todo el sistema opere es la vigencia de un marco de libertad generalizada. Tanto los productores para ofrecer como los consumidores para comprar tienen, en el marco del sistema de mercado, plena libertad para decidir de manera individual, sin estar sometidos a ningún tipo de coacción externa a sus propias consideraciones. Naturalmente, el desenvolvimiento tanto de oferentes como de demandantes requiere la obtención de información porque la esencia del sistema consiste en evaluar alternativas, sopesar opciones, comparar calidades y precios y, finalmente, tomar decisiones. Cada elección adoptada en el contexto de un sistema de mercado es un acto concreto de ejercicio de la libertad. Y este hecho, la vigencia de un ordenamiento en el que la libertad está situada en el núcleo de su mecánica operativa, le confiere al sistema de libre mercado un contenido moral que excede largamente su mero valor utilitario. El acto de evaluar, comparar, sopesar y finalmente decidir constituye una suprema pero al mismo tiempo cotidiana y pragmática oportunidad de ejercer la libertad.

El mecanismo a través del cual la información llega a los operadores es el sistema de precios, que opera como un punto de referencia universal a los efectos del proceso de evaluación tanto de productores como de consumidores. Por ese motivo, es esencial que el accionar del estado no interfiera el sistema de precios. Y precisamente ese, la intromisión en las señales que el sistema de precios emite, es el método que usualmente emplean los partidarios de la economía dirigida para llevar adelante sus programas de gestión. Todos los regímenes económicos de naturaleza intervencionista consisten, en esencia, en distorsionar, de innumerables maneras –créditos “blandos”, cupos de producción o venta, tipos de cambio diferenciados, políticas tributarias, etc.- los precios que emanan del libre juego de la oferta y la demanda. Y, de ese modo, las decisiones de los consumidores quedan a la vez condicionadas por las señales “contaminadas” del sistema de precios. Los operadores, al encontrarse con información diferente de la que hubiese emanado del libre juego de la oferta y la demanda, toman, por ende, decisiones distintas de las que hubiesen adoptado.

Sucede que los métodos a través de los cuales el estado incide en el sistema de precios alteran la variedad, la cantidad y los precios de los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores. Por ende, las aparentes ventajas que hipotéticamente podrían obtenerse por medio de la interferencia estatal quedan anuladas, y con pérdidas, por la reducción de la calidad-precio que el propio estado impone a esos mismos ciudadanos a quienes se presumía que intentaba beneficiar por medio de su intervención.

Pero además –y como si no fuera suficiente con el costo económico- el intervencionismo del estado trae aparejada una disminución en el coeficiente de libertad del que los ciudadanos gozan. Es evidente que, si los funcionarios del estado determinan conforme a sus peculiares escalas de valores, a qué productos darán facilidades y a cuáles interpondrán obstáculos, y esas determinaciones inciden sobre los datos proporcionados por el sistema de precios, la libertad de los consumidores para decidir queda condicionada, si no de manera formal, sí de hecho porque el gobernante cuenta con todos los instrumentos para influenciar a la gente para que prefiera las mercaderías a las que él eligió beneficiar y soslaye los productos a los que decidió perjudicar.

Y esto deriva a su vez en la implantación de un sistema jurídico fuertemente cuestionable en términos morales, puesto que implica vulnerar el principio de la igualdad ante la ley. En efecto, para influir sobre el sistema de precios, la autoridad gubernamental debe instrumentar mecanismos normativos que implican, de hecho, producir efectos favorables hacia aquellos a quienes procura beneficiar y consecuencias adversas para quienes desea perjudicar. Esto significa que será el gobierno y no los consumidores a través de su acción cotidiana en el mercado, quien decide quién será rico y quién pobre.

La economía de mercado, además de producir efectos prácticos más eficaces que los sistemas basados en el intervencionismo estatal, está sustentada en el principio filosófico de la igualdad jurídica entre todos los seres humanos y rechaza, considera improcedentes y cuestiona por razones de índole moral a los criterios de gestión económica que implican de hecho y de derecho la convalidación de la coacción –directa y/o indirecta, según los casos- del estado sobre las libres decisiones de los seres humanos.

LA OPERATORIA ECONÓMICA AL SERVICIO DEL CONSUMIDOR

La economía es, esencialmente, un mecanismo integrado por un conjunto de piezas que se articulan y se coordinan recíprocamente, con el propósito de producir el resultado de crear las condiciones que permitan la elevación de la calidad de vida de los seres humanos. La coordinación entre las diferentes partes que componen el mecanismo de la economía puede ser realizada espontáneamente por el mercado o de manera deliberada por medio de la acción del poder político. La superioridad del sistema de libre mercado queda demostrada por los resultados que produce y por el marco moral que sustenta su desenvolvimiento. Desde ambos criterios de análisis el sistema de mercado puede ostentar su superioridad respecto de la economía regimentada.

En cuanto a los resultados, hemos ya señalado que el parámetro que los evalúa es la cantidad, la calidad y el precio de bienes ofrecidos al consumo. En relación al marco moral, hemos también reivindicado el papel que la libertad juega dentro del desenvolvimiento del sistema de mercado. Pero es interesante explicar el modo en el que los componentes de la economía interactúan porque de ese modo es posible comprender por qué la economía de mercado produce superiores resultados en un marco ético más plausible que la economía dirigida.

La fuerza que propulsa el desenvolvimiento de la economía es el constante afán humano de pasar de una situación dada a una situación mejor. Ese impulso es consustancial a la condición humana y, por lo tanto, forma parte de los datos inmodificables de la realidad. Desde el punto de vista de la economía, se trata de un hecho axiomático y básico. No importan las razones por las cuales sucede. Nos alcanza con saber que eso es lo que ocurre para tomarlo como punto de partida de nuestros análisis.

El deseo de pasar de una situación dada a una situación mejor (o una “situación equis” a una “situación mejor que equis”) es la fuerza que motiva al empresario a ofrecer sus productos a la venta, para obtener una ganancia, y al consumidor a adquirir bienes y servicios, para elevar su calidad de vida. El mercado no interferido es el mecanismo que garantiza que este proceso se desarrolle con fluidez. En el contexto del mercado, el afán empresarial de ganar dinero para pasar de “equis” a “mejor que equis” asegura que los bienes y servicios ofrecidos a la venta sean precisamente aquellos que los consumidores estén dispuestos a adquirir porque son los que, a su vez, les permiten pasar de “equis” a “mejor que equis”. Si los productos ofrecidos a la venta no satisfacen a los consumidores, en un marco de libre competencia, los consumidores se inclinan por productos que les convengan más y los empresarios que ofrecieron lo que los consumidores soslayaron pierden dinero, es decir, pasan de “equis” a “peor que equis”. Y como la conducta humana está regida por el principio de aspirar a estar mejor y no peor, el empresario que no adecua su oferta a las demandas de los consumidores concluye por experimentar una frustración (que, en términos económicos, se manifiesta en una pérdida de capital).

Este sencillo proceso demuestra por qué en un sistema de libre mercado la soberanía del proceso económico está situada en el consumidor y no en el empresario. Pero si el estado interfiere, los datos por medio de los cuales el consumidor evalúa y decide quedan distorsionados y, por lo tanto, las decisiones resultan condicionadas, no por la conveniencia del consumidor sino por la influencia de los funcionarios estatales.

En un sistema de mercado, la vigencia de este principio –la soberanía del consumidor- es el factor determinante de todas las decisiones vinculadas con el desenvolvimiento de la economía. La inversión, el riesgo empresarial, la organización del sistema monetario, los principios jurídicos, la acción del estado en sus tres ramas –legislativa, ejecutiva y judicial- están, todas ellas, referidas a ese principio básico de que el orden económico debe apuntar a aumentar la calidad, la cantidad y reducir el precio de los bienes y servicios ofrecidos a la venta.

La aplicación de este criterio, es decir, la subordinación de todas las demás variables a los efectos sobre las alternativas de elección de los consumidores, es, claramente, el parámetro que marca la superioridad de la economía de mercado por sobre la economía dirigida porque, al analizar cada hipótesis de medida intervencionista y cotejarla con la alternativa de permitir el libre desenvolvimiento del mercado, queda en evidencia que, a los fines de favorecer los intereses de los consumidores, siempre la alternativa de no interferir el mercado provoca consecuencias más favorables que el intervencionismo. Por supuesto, para extraer esta conclusión corresponde evaluar no solo las derivaciones inmediatas sino también las indirectas. Pero ese es el criterio correcto de análisis porque, de lo contrario, la evaluación del proceso económico quedaría  parcializada y no contemplaría el conjunto de los factores que constituyen la totalidad de las circunstancias que componen la dinámica de la economía.

El desarrollo sistemático del principio de la soberanía del consumidor como eje de la fundamentación liberal permitiría llevar el debate económico al terreno donde los argumentos liberales muestran más consistencia, más claridad, mejores resultados y más sólido basamento moral. El hecho de que los representantes públicos del liberalismo no empleen sistemáticamente las argumentaciones basadas en los beneficios que la economía de mercado proporciona a los consumidores constituye un error de estrategia que proporciona a los adversarios del sistema de libertad económica la oportunidad de plantear los debates en un campo que les resulta particularmente favorable para enmarañar el tratamiento de los problemas que involucran al devenir de la economía y sacar partido de la propia confusión que ellos crean. Por lo tanto, al trasladar el eje del debate hacia los servicios que la economía proporciona a los consumidores, se echa, sobre el tratamiento del tema, una luz que pone en evidencia las contradicciones e incoherencias del intervencionismo en la economía. Es un factor que los partidarios de la economía de mercado solemos dejar de lado y, de ese modo, permitimos que los representantes del estatismo nos lleven los debates hacia los ámbitos en los cuales la validez de nuestros argumentos queda desleída en el mar de la confusión y la bruma del voluntarismo.